La
institucionalidad democrática latinoamericana en crisis.
Autor: Manuel G. Burgos V., Economista del ITESM 83, Especialidad en Gobernabilidad Gerencia Política y Gestión Pública, Post Grados en Alta Gerencia y Docencia Superior, Máster en Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo
El
deterioro del sistema político democrático no excluye, casi, a ningún país del subcontinente
y ese hecho queda demostrado en el informe 2021 que presenta el Instituto
Internacional para la Democracia y la Asistencia Social[1] (IDEA)
que nos señala que, de veintitrés naciones latinoamericanas evaluadas, trece
presentaron sistemas democráticos con un desempeño medio (Argentina, Barbados,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, y Trinidad y Tobago), cuatro naciones presentan un desempeño bajo (El
Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay), dos se reconocen como sistemas
híbridos (Haití y Honduras) y dos son identificadas como regímenes autocráticos
(Nicaragua y Venezuela), y solo Uruguay es considerada como de desempeño alto.
Cuba se mantiene sin avances de carácter democrático y su modelo político se
categoriza como autoritario.
Crisis
de gobernabilidad, limitaciones a las libertades civiles, casi nula
credibilidad en los partidos políticos, desconfianza en las instituciones sobre
las que se erige el sistema democrático, fortalecimiento del clientelismo y el
populismo, sistemas de justicia parcializados o con intervención de otros
poderes de gobierno, son algunos de los síntomas que evidencia el difícil
estado de salud de la región y que a pesar de que el informe describe como una
situación de estancamiento y apuesta a la capacidad de resiliencia de la
población; en lo personal, considero que la situación que experimentamos en la
región mantendrá un sostenido deterioro socio-político, extremando la presión
sobre una población que viene acumulando una creciente pobreza de más de 201
millones de personas, de los cuales 86 millones se encontrarían en extrema
pobreza[2] y
que aumentará por la incorporación de las víctimas de las ineficientes
políticas económicas asumidas por los gobiernos, de la región, para enfrentar
la epidemia de Covid y para neutralizar la acelerada pérdida de poder adquisitivo
derivada de la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El
deterioro de nuestras democracias no responde a las crisis de la epidemia de
Covid-19 y al conflicto europeo, nuestra crisis es de carácter estructural; su
origen, probablemente, se encuentra en modelos “democráticos” que, jamás han
respondido, ni al control popular, ni a la igualdad política, como define IDEA[3],
en su presentación. Es cierto, que estas crisis han acelerado el proceso de
deterioro; sin embargo, una deficiente concepción de la institucionalidad
democrática, desde sus inicios, ha llevado a construir una democracia viciada
de origen.
La
evolución económica de la región ha convivido con paradojas de connotaciones y
consecuencias negativas, siendo una de las regiones más ricas en recursos del
planeta que, a su vez, ha acumulado una injustificable deuda social, producto
de la inequidad distributiva, la desigualdad generalizada y una historia rica
en un pésimo manejo de la administración pública. Una región cuya población no
ha sabido obtener mejores resultados, no solo de su riqueza material, sino de su
invaluable riqueza histórica, cultural y humana; además de hablar el mismo
idioma. El impacto, en la economía, de la crisis política acumulada y de otras
crisis coyunturales (Covid-19 y conflicto Rusia-Ucrania), de mantenerse las condiciones
políticas constantes, seguirá siendo devastador. Precisamente, las distorsiones
que hemos venido enunciando, aumentan la sensibilidad de nuestras economías a
cualquier situación coyuntural, sea endógena o exógena a nuestra geografía; por
lo que, no es de extrañar, que América Latina fue la región, emergente, más
castigada del mundo en términos económicos, por razón de la pandemia de Covid-19,
por encima de Asia, Oriente Medio y Europa del Este; según lo señalara el Banco
Mundial, con una caída promedio del 6.8% de su PIB regional[4] . Su
economía en el 2021, no brindó signos muy alentadores para la región logrando alcanzar
un incremento marginal de su PIB regional de 5.2%[5];
lo que no cubre la aportación necesaria para regresar a condiciones existentes
en el plano económico antes de la pandemia y el estimado proyectado para el
2022, es aún más tímido, estimándose en 2.2%[6], y
aún no recibimos el impacto fuerte en el aumento de precios de combustibles,
desabastecimiento de insumos relacionados
con el sector agropecuario, y de la crisis en la cadena logística de
suministros.
Otra
deficiencia estructural, derivada de un modelo político alejado de su propósito
fundamental, es la incapacidad de la región para cerrar la brecha en la
formación del recurso humano y convertir la educación en un, efectivo,
instrumento de movilidad social, de realización colectiva (en función de la
autorrealización individual) y de contribución a la potenciación integral de la
región y sus habitantes. La fragilidad del sistema educativo público, de la región,
ocasionó que las medidas tomadas por causa de la pandemia de Covid-19, de
cerrar los colegios por un promedio de más de 10 meses y en algunos por más de
un año, ocasionara un daño, difícil de revertir, en el ya, deteriorado sistema
educativo. Datos obtenidos del Banco Mundial, en su monitoreo de los estragos
causado por este evento mundial, se encontró que, a febrero de 2021, mas de “120
millones de niños en edad escolar habían perdido o corrían el riesgo de perder un
año completo presencial del calendario escolar”[7]
en América Latina. El informe señala que la variable conocida como, pobreza de
aprendizaje y que se define como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de
leer y comprender un relato simple, pudo haber sido impactado, a tal punto que,
de una situación ya caótica que incluía al 51% de los niños de la región; a
causa del cierre por pandemia, pudo haber aumentado a un 62.5% lo que aportaría
mas de 7.6 millones de niños más, cursando educación primaria, que serían
categorizados como “pobres de aprendizaje”.[8]
Esta situación podría alcanzar hasta el 77% para aquellos países que
extendieron el cierre por más de 10 meses y cómo es lógico la población más
afectada sería aquella en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que
ensancharía por más de un 12% adicional,
la brecha socio-económica relacionada con resultados educativos y ésta
perdida en educación, capital humano y por ende en productividad, podría
representar hasta 1.7 billones de dólares en caída del ingreso agregado
regional a futuro[9];
siendo, casi una garantiza del incremento sustancial de la pobreza, en el largo
plazo.
El
otro flagelo que azota a América Latina y que, también, se deriva del modelo
político democrático que impera en las naciones que la integran es, la
corrupción. Para el informe de Transparencia Internacional 2021[10]
(donde 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente), la mayoría de los
países latinoamericanos se encontraban por debajo del promedio regional con una
puntación inferior a 50. El índice consolidado de CESLA[11]
2021, refleja con bastante precisión la situación de corrupción de la región
latinoamericana al otorgarle una puntación promedio de 68.6 que se traduce en un
nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción (61-80).
Al momento de esta evaluación solo Uruguay (29) y Chile (32) se encontraban en el
nivel moderado de corrupción y adecuada política anticorrupción (21-40); Costa
Rica (43), Argentina (57) se encontraban el nivel definido como, preocupante de
corrupción y política anticorrupción laxa. De los 15 países considerados más
corruptos del mundo, 10 pertenecen a Latinoamérica. El Foro Económico Mundial
ha estimado que el costo global de la corrupción sobrepasa los 2.6 billones de
dólares anuales, o el equivalente entre el 5% y 10% del PIB mundial.
Todo
lo que hemos expuesto incide sobre la percepción y por ende la opinión que
tienen los ciudadanos de la región con respecto a la democracia. En América
Latina, en promedio, el 49% de su población apoya la democracia; mientras que
el 51% se considera no demócrata y solo el 25% manifiesta satisfacción hacia la
democracia[12].
Dado que este último dato, representa un indicador de desempeño, podemos
inferir que el malestar va dirigido a quienes ejercen gobierno; sin embargo, el
porcentaje que se define como “no demócrata” es muy alto y este va contra el
propio sistema. El 73% del ciudadano latinoamericano, considera que las
naciones de la región están gobernadas por grupos poderosos en su propio
beneficio, solo 22% consideran que se gobierna para bien de todo el pueblo. El
78% considera que la distribución del ingreso en los países latinoamericanos es
injusta; así mismo, el 58% considera que el acceso a la educación es injusto,
el 77% considera que el acceso a la justicia es injusto y el 64% cree que el
acceso a la salud es injusto.[13]
En
promedio, para la fecha en que se ejecutó el estudio, solo el 40% de los
ciudadanos latinoamericanos aprobaba la gestión de sus presidentes. El 46% percibe
que tiene libertad para participar en política; mientras que el 46% percibe que
tiene libertad de expresión siempre y en todas partes. Por otra parte, la
percepción en cuanto a las garantías económicas y sociales resulta
relativamente baja entre la población de América Latina, destacando la
“protección a la propiedad privada” con 43% de la población, “la igualdad entre
hombres y mujeres” con 42%, y la seguridad social con 35%; entre las más bajas percepciones
de garantías económicas y sociales tenemos a “la protección contra el crimen”
con 28%, “las oportunidades de conseguir trabajo con 27% y “la justa
distribución de la riqueza” con 20%. El nivel de confianza en las instituciones
de la democracia nos da resultados no alentadores, con percepciones bastante
bajas en instituciones como: Partidos Políticos solo el 13%, Congresos con 20%,
Poder Judicial con 25% e Institución Electoral con 31%, entre otras.[14]
La
democracia no debe construirse sobre un sofisma conceptual que peca,
maliciosamente, de otorgar un valor de realidad, a su raíz etimológica; ya que,
en la práctica, el poder del pueblo, el control popular, la igualdad política,
no ha existido, ni existe, ni ha sido incorporado en ninguno de los modelos de
democracia de la región. Ni siquiera hemos sido testigos de una confrontación
fundamentada en profundas consideraciones ideológicas que se hayan
materializado en exitosas políticas públicas de carácter económico y social;
solo hemos observado un accionar pendular entre supuestas izquierdas y
derechas, que al final, solo son lo mismo: populismo, clientelismo. Gestiones
de gobierno incapaces de dar respuestas, porque han ejercido con ineficiencia y
por ende maximizado el despilfarro de los valiosos recursos de la región, con
un modelo de gestión pública que no está diseñado para generar valor público y
mucho menos rentabilidad social y donde las supuestas libertades económicas han
sido solo un eufemismo para encubrir, un rosario de protección a monopolios y
oligopolios en la mayoría de las actividades económicas, para favorecer a
grupos de poder tradicionales; convirtiendo a nuestra democracia en un dinamo
generador de disparidad, desigualdad, insatisfacción y corrupción.
Los
datos compartidos, avalan nuestra conclusión; la situación es crítica para la
democracia latinoamericana, pareciera que el camino no está en seguir haciendo
lo mismo, ni en tratar de reparar lo que no tiene reparo, porque tiene
deficiencias estructurales. América Latina está llamada a plantearse un nuevo
“pacto social” que reconozca su historia, sus luchas, sus valores; pero que
identifique sus fallas, sus debilidades y tenga la voluntad de superarlas. Un
pacto social, que incluya, sin excluir, que sume en lugar de dividir, que
puntualice en la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
garantizar sostenibilidad y sustentabilidad de esa calidad de vida a largo
plazo. Debemos realizar un proceso integral de transformación de nuestra
institucionalidad democrática; en el entendimiento de que la institucionalidad
es un importante atributo de la vida pública que se construye desde el
convencimiento y el consentimiento de voluntades particulares, desde la armónica
articulación de los múltiples intereses que definen la razón de ser de la
acción colectiva y conscientes de que esa multiplicidad implica que el nivel de
maximización social dependerá de un proceso de negociación transparente,
respetuoso, incluyente desde la perspectiva de seres humanos y de la
responsabilidad colectiva de asumir un modelo gerencial de la cosa pública con
estrictos estándares de eficiencia, eficacia y efectividad; así como la de
construir un Estado basado en estricto derecho que se convierta en la columna
vertebral de la nueva institucionalidad, sus instituciones, sus políticas públicas,
su modelo de desarrollo económico. Recordemos que “la vida política democrática
es ordenada por las instituciones. La comunidad política es una configuración
de instituciones organizadas que define el marco dentro del cual ocurren la
gobernanza y la elaboración de políticas públicas. Una institución es un
conjunto relativamente estable de reglas y prácticas alojadas en estructuras de
recursos que hacen posible la acción organizativa, financiero – administrativa,
y estructuras de significado que explican y justifican el comportamiento, roles
identidades y pertinencias, propósitos comunes y creencias ocasionales y
normativas”[15].
Nos
toca a todos los habitantes de la región deponer intereses individuales e
iniciar un proyecto regional que culmine con una nueva nación latinoamericana,
basada en un nuevo modelo de democracia que represente para su población un generador
de bienestar, una democracia que sea más bien verbo, que sustantivo. De otra
forma, seremos testigos de un acelerado deterioro de la situación en cuanto a
la institucionalidad democrática y todo lo que esto implica para la
gobernabilidad, la gobernanza y principalmente para la paz social.
[1] El Estado de las Democracia en
las Américas 2021; Democracia en tiempo de crisis. Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral – IDEA (Institute for Democracy and
Electoral Assistance).
[2] Panorama Social de América
Latina 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. Naciones
Unidas.
[3] Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral – IDEA (Institute for Democracy and
Electoral Assistance).
[4] Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
[5] Ibídem.
[6] Ibídem.
[7]Informe: Actuemos ya para Proteger
el Capital Humano de Nuestros Niños: Los Costos y la Respuesta ante el Impacto
de la Pandemia de COVID-19 en el Sector Educativo de América Latina y el Caribe.
Grupo Banco Mundial Editorial. 2021. Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento/Banco Mundial.
[8] Ibídem.
[9] Ibídem.
[10] Índice de Percepción de la
Corrupción 2021: América. Transparency International.
[11] Indicador de Corrupción para
América Latina 2021. Círculo de Estudios Latinoamericanos. El indicador CESLA
sintetiza a través del análisis factorial, la información que sobre el fenómeno
de corrupción suministran las
instituciones internacionales: Banco
Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Fundación
Heritage, Freedom House y Fundación Bertelsmann.
[12] Corporación Latinobarómetro:
Informe 2021. Santiago, Chile. Banco Interamericano de Desarrollo. Banco de
Datos en línea. www.latinobarometro.org
[13]
Ibídem.
[14]
Ibídem.
[15]
March, James G & Olsen, Johan P. The Logic of Appropriateness: The Oxford
Handbook of Political Science. Oxford University Press. New York, 2009
